En el núcleo de la experiencia de salud de millones de personas en México y el mundo existe una brecha silenciosa pero devastadora: el tiempo. No el tiempo biológico, sino el tiempo perdido, el que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas y la obtención de un diagnóstico certero. Este intervalo, que puede extenderse por años, no es un mero trámite administrativo; es un territorio de incertidumbre, sufrimiento físico y emocional, y progresión de la enfermedad que podría haberse mitigado. El diagnóstico tardío no es una excepción desafortunada; es un síntoma estructural de nuestros sistemas de salud, con causas multifacéticas que demandan una urgente reflexión y acción.
Un ejemplo paradigmático lo constituyen las enfermedades raras. Según datos de la Secretaría de Salud, alrededor de 8 millones de mexicanos viven con alguna de estas condiciones. Para ellos, el "peregrinaje diagnóstico" es una cruel constante. Este viaje forzoso entre consultorios y especialistas, a menudo sin un mapa claro, se debe a la baja prevalencia y conocimiento de estas patologías entre la primera línea de atención médica. La falta de familiaridad con síntomas atípicos conduce a interpretaciones erróneas, tratamientos sintomáticos inefectivos y una peligrosa dilación. Cuando el diagnóstico finalmente llega, quizás después de cinco o diez años, las oportunidades tempranas para intervenir, ofrecer terapias específicas o, al menos, un pronóstico claro, se han evaporado. El costo humano es inmenso: deterioro de la calidad de vida, carga económica insostenible y un desgaste psicológico profundo.
Sin embargo, el diagnóstico tardío no es patrimonio exclusivo de las enfermedades raras. Es una realidad que se filtra en patologías más comunes, pero igualmente complejas. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), nos ofrecen una radiografía del estado de salud poblacional que permite inferir barreras sistémicas. Un sistema de salud fragmentado y sobre demandado, con largos tiempos de espera para consultas especializadas y estudios de gabinete, es un caldo de cultivo para las demoras. Para el ciudadano, acceder a un segundo nivel de atención puede ser una odisea burocrática y logística.
A estas barreras estructurales se suman factores sociales y culturales. El desconocimiento sobre signos de alerta, la normalización del dolor o la fatiga extrema, y ciertas barreras idiomáticas o de género pueden retrasar la búsqueda de ayuda. Paralelamente, el estigma asociado a enfermedades mentales, neurológicas o crónicas disuade a muchos de consultar a tiempo, perpetuando un ciclo de silencio y deterioro.
Las consecuencias de este diagnóstico a destiempo son una doble carga. Para el individuo, significa mayor discapacidad, complicaciones evitables y peores desenlaces clínicos. Para el sistema de salud, implica una atención más compleja, prolongada y costosa a largo plazo. Es la lógica perversa de la desinversión en la atención primaria y la prevención.
Urge, por tanto, un cambio de paradigma. Se necesita fortalecer decisivamente la atención primaria, equipando a los médicos de primer contacto con mejores herramientas de sospecha clínica y acceso a telemedicina con especialistas. Es imperativo implementar programas de educación para la salud que empoderen a la población para reconocer señales de alarma. La inversión en tecnologías de diagnóstico accesibles en regiones estratégicas y la creación de redes de referencia eficientes para casos complejos son también claves.
Un diagnóstico no es solo un nombre para un conjunto de síntomas; es la llave que abre la puerta a un manejo adecuado, a la adaptación de la vida y, en muchos casos, a la esperanza. Reducir el tiempo de espera para esa llave no es un lujo, es un derecho fundamental a la salud. La lucha contra el diagnóstico tardío es, en esencia, una lucha por la dignidad y la oportunidad de millones de personas cuya batalla comienza mucho antes de que su enfermedad sea, por fin, reconocida.
