En un mundo donde la inmediatez es reina y la información (y la desinformación) circula a velocidad digital, un peligro silencioso y omnipresente se cuela en los hogares: la compra de medicamentos en establecimientos no autorizados. Recientemente, autoridades sanitarias, como lo refleja la alerta sanitaria publicada por la COFEPRIS sobre comercialización ilegal de medicamentos, han encendido las alarmas sobre una práctica que muchos ciudadanos normalizan, ignorando el abismo que separa un alivio rápido de una tragedia permanente.
La tentación es comprensible. Frente a la barrera del costo en farmacias establecidas, la molestia de obtener una receta médica o la promesa de soluciones "milagrosas" para diferentes padecimientos, el mercado ilegal ofrece un camino aparentemente fácil y discreto. Plataformas en redes sociales, sitios en línea no regulados, tianguis o incluso algunas pequeñas tiendas físicas sin licencia se convierten en la opción para muchos. Sin embargo, este atajo es, en realidad, un precipicio disfrazado.
Los riesgos, ampliamente documentados por laboratorios y agencias regulatorias internacionales, no son meras advertencias burocráticas. Son realidades devastadoras. Al comprar en estos canales, el consumidor juega a una ruleta rusa con su salud. Primero, está la incertidumbre absoluta sobre la composición. El medicamento puede no contener el principio activo anunciado, dejando la condición médica sin tratar y agravándose. Peor aún, puede contener sustancias tóxicas, contaminantes, dosis incorrectas o, en casos siniestros, compuestos totalmente distintos y peligrosos.
Segundo, se pierde la cadena de custodia y las condiciones de almacenamiento. Los medicamentos requieren condiciones específicas de temperatura, humedad y luz para mantener su eficacia y seguridad. Un transporte y almacenamiento inadecuados, comunes en estos circuitos ilegales, pueden degradar el producto, volviéndolo inútil o dañino. Tercero, se anula la supervisión del profesional de la salud. El farmacéutico en un establecimiento autorizado es un filtro de seguridad crucial: verifica la receta, advierte sobre interacciones con otros medicamentos y ofrece pautas para su uso correcto. En el mercado negro, esa guía experta brilla por su ausencia.
Las consecuencias van desde reacciones adversas severas, intoxicaciones, resistencia a antibióticos (si son falsificados o mal usados), hasta la muerte. Es un problema de salud pública que desangra los sistemas sanitarios, que luego deben atender las complicaciones generadas por estos productos ilegales.
La solución es multifacética y requiere corresponsabilidad. Por parte de las autoridades, se necesita una vigilancia y un control férreos, con sanciones ejemplares para los traficantes, y campañas de comunicación contundentes que muestren el verdadero rostro de este riesgo, más allá del tecnicismo. La alerta sanitaria es un primer paso necesario, pero debe resonar en medios y redes con el mismo ímpetu con el que se vende la ilegalidad.
Por parte de los ciudadanos, la concientización es la primera barrera. Debemos entender que la salud no es una mercancía más. Adquirir un medicamento sin receta donde sea, es de alto riesgo. Se debe exigir siempre el comprobante de compra, verificar que el establecimiento esté autorizado y, sobre todo, recuperar la confianza en la consulta médica. La salud no es un gasto, es una inversión. Ahorrar unos pesos en un producto de dudosa procedencia puede costar, a la larga, no solo mucho más dinero en tratamientos correctivos, sino el bienestar irreversible o la vida misma.
En definitiva, frenar el mercado ilegal de medicamentos no es solo una tarea de las autoridades; es un pacto social por la integridad. No hay atajo sin costo cuando lo que está en juego es el cuerpo humano. La próxima vez que la tentación de lo fácil y barato llame a la puerta, recordemos: en medicina, lo barato puede resultar excesivamente caro.
