¿Qué es la Nueva Ley Aduanera 2025 y por qué la Aprueban los Diputados?
Los titulares de la prensa, desde “La Jornada” hasta “Reforma” y “El Economista”, coinciden en el hecho, pero la lectura entre líneas de lo sucedido revela un patrón preocupante que se repite en el actual panorama legislativo: la imposición de un proyecto de nación sin la deliberación suficiente, donde la eficiencia se privilegia sobre el consenso y donde las críticas son tratadas como obstáculos y no como aportaciones.
El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum llega a este primer tramo de su gestión con una clara prioridad: asegurar los ingresos del Estado. La propuesta de la nueva Ley Aduanera es una pieza fundamental en este rompecabezas fiscal. Según los reportes, el objetivo declarado es modernizar un marco legal obsoleto, combatir el contrabando, agilizar el despacho aduanero y, de manera crucial, incrementar la recaudación. Nadie en su sano juicio podría oponerse a la modernización de unas aduanas que han sido históricamente un cuello de botella para la competitividad y un caldo de cultivo para la corrupción. La intención, en el papel, es loable.
Sin embargo, el diablo, como siempre, está en los detalles, y más aún en el proceso mediante el cual se pretenden implementar estos detalles. La aprobación en lo general, avalada con 267 votos a favor de Morena, el PT y el PVEM, se caracterizó por la resistencia de la oposición y los señalamientos de que el dictamen fue "avalanchado". Aquí reside el primer punto de discordia. La coalición gobernante posee los números para hacer aprobar prácticamente cualquier iniciativa que presente, pero la legitimidad de una ley tan técnica y de tan amplio alcance no puede derivarse únicamente de una mayoría aritmética. Debe surgir de un proceso de construcción que, al menos, simule escuchar a los distintos actores económicos y sociales que se verán impactados por ella.
Los partidos de oposición, según las crónicas periodísticas, elevaron su voz de protesta. Señalaron, con razón, la falta de tiempo suficiente para analizar a profundidad las modificaciones. Una ley aduanera no es un simple reglamento de tránsito; es un instrumento complejo que regula el flujo de mercancías por valor de cientos de miles de millones de dólares anuales, que define la viabilidad de las cadenas de suministro, el costo de los insumos para la industria y, en última instancia, el precio de los productos para los consumidores. "Avalanchar" su discusión sugiere una actitud de desdén hacia la función deliberativa del Congreso. Pareciera que para la mayoría oficialista, el Parlamento es una mera notaría que rubrica las decisiones tomadas en otro lado.
Uno de los puntos más espinosos, ampliamente citado en los medios, es el otorgamiento de facultades exclusivas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para gestionar y controlar las aduanas, eliminando la participación de otras dependencias. El gobierno argumenta que esto centralizará y hará más eficiente la operación. La contracara de este argumento es el temor fundado a la creación de un monolitismo burocrático. La concentración de poder en una sola entidad, sin contrapesos internos efectivos, puede ser un arma de doble filo. Si bien puede agilizar procesos en un escenario ideal, también incrementa el riesgo de que los errores, las arbitrariedades o, en el peor de los casos, los actos de corrupción, no encuentren un filtro o un correctivo dentro del propio sistema. La pregunta obligada es: ¿está preparado el SAT, institucional y técnicamente, para asumir esta responsabilidad hercúlea sin los mecanismos de auditoría cruzada que otras dependencias podrían proporcionar? La historia reciente de México en materia de lucha contra la corrupción no invita al optimismo.
Otro aspecto que genera escepticismo es la promesa de una "recaudación justa". Todo gobierno necesita recursos, y en un contexto de presión fiscal, las aduanas se convierten en un blanco lucrativo. No obstante, existe una delgada línea entre una recaudación justa y una fiscalización asfixiante que termine por castigar a los importadores formales y desincentive el comercio exterior. La industria, representada por organismos como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ya ha expresado sus reservas. Temen que, detrás del discurso de la modernización, se escondan nuevos impuestos o criterios de valoración más estrictos que incrementen sus costos operativos en un momento donde la economía global muestra signos de fragilidad. Si la nueva ley no logra un equilibrio preciso, el remedio podría ser peor que la enfermedad: se recaudaría más, pero a costa de frenar la actividad económica que genera riqueza y empleos.
La referencia a la "soberanía nacional" y al "interés público" como principios rectores de la ley, aunque retóricamente potentes, son conceptos que pueden ser moldeados para justificar casi cualquier acción. En la práctica, la soberanía económica se ejerce no solo controlando fronteras, sino facilitando el comercio que nos integra al mundo. Una aduana moderna y eficiente es aquella que protege al país de ilícitos, pero al mismo tiempo funciona como una esclusa ágil para los bienes legítimos, no como una barrera infranqueable. El verdadero reto será traducir esos principios en reglas claras, predecibles y equitativas, que saquen a las aduanas mexicanas del siglo XX y las inserten en las dinámicas del comercio global del siglo XXI, caracterizado por la digitalización y la velocidad.
El proceso legislativo no ha concluido. Queda la discusión en lo particular, donde se podrán presentar y votar reservas para modificar artículos específicos. Esta es la última oportunidad para enmendar posibles errores o atenuar disposiciones que puedan ser lesivas. Será la prueba de fuego para determinar si la mayoría está dispuesta a ceder en algún punto o si, por el contrario, impondrá su texto original de manera íntegra. La actitud que se tome en esta siguiente fase será enormemente reveladora. Si las críticas de la oposición y del sector privado son simplemente ignoradas, se enviará un mensaje claro: el diálogo y la construcción de acuerdos son formalidades prescindibles.
En conclusión, la nueva Ley Aduanera nace bajo el signo de la contradicción. Por un lado, responde a una necesidad real de actualización y fortaleza fiscal. Por el otro, su gestación apresurada y el estilo vertical con el que está siendo impulsada plantean serias dudas sobre su eficacia a largo plazo y su legitimidad social. Modernizar las aduanas es un objetivo inobjetable; hacerlo sobre la base de una lógica de "todo o nada" es un riesgo mayúsculo. El gobierno tiene la fuerza para sacar adelante su ley, pero sería un error histórico confundir la fuerza parlamentaria con la infalibilidad técnica o política. Una ley que afectará a millones de mexicanos, desde el gran industrial hasta el consumidor que compra un producto en línea del extranjero, merece más que una simple avalancha. Merece un debate a la altura de sus consecuencias. Ojalá en la siguiente etapa, los diputados recuerden que su trabajo es legislar para todos, no solo para ratificar la voluntad de unos cuantos. El reloj sigue corriendo, y la calidad de nuestra democracia y nuestra economía están, una vez más, en juego.
