En el eterno teatro de la política mexicana, donde las propuestas suelen medirse más por su impacto en las encuestas que por su solidez técnica, ha aparecido un nuevo actor protagónico: la iniciativa para eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo. Promovida por el PAN y otros legisladores, según reportan diversos medios como Excelsior y El Economista, esta idea se presenta como un "regalo" para los trabajadores, un alivio en tiempos de inflación y una muestra de sensibilidad social. Sin embargo, detrás de este envoltorio atractivo se esconde una propuesta profundamente problemática que merece un análisis serio y desapasionado, lejos del ruido mediático y la retórica populista.
La iniciativa, en esencia, busca modificar la Ley del ISR para exentar del pago de este impuesto a la parte del aguinaldo que no exceda de 30 días de salario. Sus promotores argumentan que sería un apoyo directo al bolsillo de las familias, especialmente en la época navideña cuando los gastos se incrementan. Suena bien, ¿verdad? ¿Quién podría oponerse a que los trabajadores reciban un poco más de dinero en sus bolsillos? El problema es que en economía y en política fiscal, las buenas intenciones no bastan. Lo que parece un gesto generoso puede terminar siendo un disparo en el pie para las finanzas públicas y, paradójicamente, para la propia equidad social.
El análisis de quién realmente se beneficia: Un espejismo regresivo
El primer punto crítico es la distribución de los beneficios. El aguinaldo, por ley, equivale a mínimo 15 días de salario, pero muchos trabajadores formales, especialmente aquellos con mejores salarios en el sector privado y en la administración pública, reciben 30 días o más. Al exentar el ISR, el beneficio absoluto es significativamente mayor para quienes perciben salarios altos.
La diferencia es abismal: un alto ejecutivo se beneficia varias veces más que el trabajador de salario mínimo. Esto convierte a la medida en esencialmente regresiva: los que más ganan reciben el mayor beneficio fiscal. En un país con niveles escandalosos de desigualdad como México, utilizar recursos públicos (porque ese impuesto no recaudado deja de llegar a las arcas) para beneficiar desproporcionadamente a los más privilegiados es, cuando menos, cuestionable desde la perspectiva de la justicia social.
El impacto en las finanzas públicas: El hueco que alguien tendrá que llenar
El segundo problema, y quizás el más grave, es el impacto fiscal. Las estimaciones preliminares, como las citadas por El Economista y Animal Político, sugieren que esta medida representaría una pérdida de ingresos para el gobierno federal de entre 20,000 y 40,000 millones de pesos anuales. En un contexto donde ya existe un déficit público considerable y donde los recursos son limitados, surge la pregunta obligada: ¿de dónde saldrá ese dinero?
La historia fiscal de México y del mundo nos ofrece solo tres respuestas posibles, y ninguna es agradable. Primera: recortar el gasto público en otros rubros, como salud, educación o infraestructura, para compensar la pérdida. Segunda: aumentar la deuda pública, trasladando el costo a las siguientes generaciones. Tercera: incrementar otros impuestos o crear nuevos para tapar el hoyo. Cualquiera de estas alternativas significa que, en realidad, el "regalo" no es gratis. Lo pagaremos todos, de una u otra forma, ya sea con menos servicios públicos, con más deuda o con mayores impuestos en otra parte.
La simplificación de un problema complejo
Lo más preocupante de esta propuesta no es la idea en sí, sino lo que revela sobre la calidad del debate fiscal en México. En lugar de plantear una reforma integral que modernice el sistema tributario, lo haga más justo y eficiente, y combata la evasión, nuestros legisladores optan por medidas aisladas, populistas y de corto plazo que no resuelven los problemas de fondo.
El verdadero desafío fiscal de México no es que los trabajadores formales paguen demasiados impuestos. El problema es que la base de contribuyentes es absurdamente pequeña (solo alrededor de 20 millones de personas físicas aportan la mayor parte del ISR), la evasión y la elusión fiscal son rampantes, y la economía informal abarca más de la mitad de la fuerza laboral. Mientras no abordemos estos problemas estructurales, iniciativas como esta solo profundizarán el desequilibrio.
Priorizar a los que Menos tienen
Si el objetivo real es apoyar el poder adquisitivo de las familias más vulnerables, existen mecanismos mucho más efectivos y equitativos. En lugar de una exención general que beneficia a todos (pero mucho más a los ricos), se podría plantear un esquema dirigido. Por ejemplo, exentar solo hasta un monto máximo (digamos, el equivalente a un salario mínimo) o crear un crédito fiscal específico para los trabajadores de menores ingresos. Esto concentraría el beneficio en quienes realmente lo necesitan y reduciría drásticamente el costo fiscal.
Otra opción, sería utilizar esos potenciales 40,000 millones de pesos para fortalecer programas sociales específicos, mejorar hospitales o construir escuelas, beneficiando así a una población mucho más amplia, incluidos los millones de mexicanos en la informalidad que no reciben aguinaldo y, por tanto, no se beneficiarían en absoluto de esta medida.
Política de espectáculo vs. gobierno serio
La propuesta de eliminar el ISR al aguinaldo es el ejemplo perfecto de lo que podríamos llamar "política de espectáculo": una idea que suena bien en un spot de 30 segundos pero que se desmorona ante el más mínimo análisis técnico. Es una cortina de humo que distrae de los verdaderos problemas fiscales del país y que, de implementarse, probablemente haría más daño que bien.
Los legisladores tienen la responsabilidad de legislar con seriedad, pensando en el largo plazo y en el bien común, no en los titulares del momento. Los trabajadores mexicanos merecen más que espejismos. Merecen un sistema fiscal justo, un gobierno que gaste con eficiencia y una economía que genere empleos bien remunerados. Esta propuesta no nos acerca a ese objetivo; nos desvía de él. El verdadero "regalo" para los mexicanos no sería unos cuantos pesos extra en diciembre, sino un país con finanzas sanas y un futuro prometedor. Eso es lo que deberían estar construyendo nuestros representantes.
