El reciente y enfático respaldo del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al diputado y líder sindical Pedro Haces Barba, trasciende una mera declaración de solidaridad entre colegas. Se produce en un contexto ensombrecido por la captura de Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, presunto extorsionador y operador criminal vinculado al Cártel de Sinaloa, y por señalamientos que cuestionan los límites entre el poder sindical, el político y el crimen organizado. Este episodio no es un caso aislado, sino un síntoma de un patrón perturbador donde estructuras sindicales son utilizadas como fachada para actividades delictivas, tal como ha documentado la prensa con casos como el del "Sindicato 22 de octubre" en el Estado de México.
Monreal no solo expresó confianza, sino que calificó a Haces de “hombre honesto” y “buen legislador”, argumentando que su trayectoria desde “la base” avala su credibilidad. Este respaldo, sin embargo, se ofrece ante la ausencia de una investigación concluyente y se basa en la amistad y la fe personal antes que en evidencias institucionales. La defensa es particularmente significativa porque el propio Monreal reconoce que Haces “no es militante de Morena”, lo que subraya que el apoyo es político y personal antes que partidista. En un país donde la infiltración del crimen en instituciones es una amenaza real, esta clase de avales incondicionales, aunque puedan ser bienintencionados, pueden percibirse como una sustitución del rigor jurídico por la lealtad entre actores de poder.
Por su parte, Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ha negado categóricamente cualquier vínculo entre su organización y “El Limones”. En sus declaraciones, ha insistido en que el crecimiento de CATEM se debe al “esfuerzo honesto” de sus agremiados. No obstante, estas negativas chocan con la cruda realidad descrita en investigaciones periodísticas y judiciales. Semanas antes, la Fiscalía del Estado de México desarticuló una red que, bajo la fachada de sindicatos como “Somos Mayas” o el “Sindicato 22 de octubre”, se dedicaba a delitos como secuestro, extorsión, despojo y narcomenudeo.
Este contexto convierte cualquier señalamiento, por infundado que aspire a ser, en un asunto de máxima gravedad. El patrón es claro: organizaciones que simulan ser sindicatos o aprovechan su estructura para operar criminalmente. Por ello, cuando un líder sindical con influencia política como Haces es señalado, la sociedad y las instituciones tienen el derecho y el deber de exigir no solo desmentidos, sino transparencia absoluta y verificable. La sombra de “El Limones” no es solo sobre un individuo, sino sobre la salud de las organizaciones laborales y su posible uso como herramientas de lavado de dinero o control territorial para el crimen, un desafío que, según analistas, complica la lucha contra la delincuencia.
El respaldo de Ricardo Monreal a Pedro Haces puede leerse como la defensa de un aliado. Sin embargo, en la encrucijada actual de México, donde las máscaras sindicales ocultan intereses criminales, la lealtad política no puede ser el criterio último para dirimir acusaciones tan serias. El propio Monreal celebró que el Gabinete de Seguridad actúe sin impunidad. Coherente con ello, lo que corresponde es permitir y exigir que las instituciones investiguen con total independencia.
La credibilidad del sistema político y sindical está en juego. Más allá de los desmentidos y los respaldos personales, se requiere una rendición de cuentos clara y un compromiso inquebrantable con la legalidad. Las dudas sobre los vínculos entre poder, sindicatos y crimen solo se disiparán con hechos probados, no con declaraciones de confianza. La sociedad mexicana merece que la lucha contra la delincuencia no tenga zonas grises protegidas por influencias políticas, sino que sea frontal, transparente y aplicada a todos por igual.
