La reciente designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034 enciende, cuando menos, todas las alarmas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Con 472 votos a favor en la Cámara de Diputados, el relevo de David Colmenares se consumó, pero deja un sinsabor amargo y la certeza de que el organismo autónomo enfrenta su prueba de fuego: demostrar si mantendrá su independencia o se convertirá en un mero espectador del gasto gubernamental.
Es indudable, y así lo han señalado legisladores de oposición y organizaciones civiles, que el origen del nuevo auditor es un punto débil que empaña su llegada. No se trata de un juicio a su capacidad técnica, que podría ser incuestionable, sino del evidente conflicto de interés que representa su entorno familiar. Hernández Palacios es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fuera secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Esta cercanía con el núcleo duro del poder Ejecutivo es una sombra de duda que se proyecta sobre la autonomía de la institución encargada de fiscalizar cada peso del erario.
La preocupación se agrava al observar su trayectoria inmediata dentro de la propia ASF. Hasta su nombramiento, Hernández Palacios se desempeñaba como Auditor Especial del Gasto Federalizado, un cargo de alto nivel al que llegó en octubre de 2025 por designación directa de David Colmenares, el hombre a quien hoy reemplaza. Este dato, lejos de ser un simple detalle curricular, dibuja una línea de sucesión que parece más un pacto de continuidad que una renovación de fondo. Es, desgraciadamente, la confirmación de que el estilo de gestión de Colmenares, marcado por las dudas sobre el rigor en la fiscalización de ciertos proyectos, podría tener una prolongación natural.
Sin embargo, el debate no puede quedarse anclado en los cuestionamientos sobre su designación. El proceso está dado y el nombramiento es una realidad. Ahora, la exigencia ciudadana y de los actores políticos debe virar hacia una sola dirección: los resultados.
Hernández Palacios tiene la oportunidad histórica de desmarcarse del fantasma de la cercanía política. Su gestión no puede, en ninguna circunstancia, replicar las prácticas de la anterior administración, que, aunque respaldada por su perfil técnico, fue criticada por la falta de dientes en auditorías a obras emblemáticas o programas sociales prioritarios del gobierno en turno. No se trata de una cacería de brujas, sino de aplicar la ley con igualdad. La ASF debe auditar con la misma lupa a un programa social insignia que a una dependencia opositora.
El nuevo auditor llega con una trayectoria dentro del organismo, lo que implica un conocimiento profundo de sus áreas de oportunidad. Por ello, la exigencia es doble: debe usar ese conocimiento para fortalecer la fiscalización, no para encontrar los resquicios que la debiliten. La autonomía técnica de la ASF no es una concesión graciosa del poder político; es un pilar de nuestra frágil democracia.
La ciudadanía estará observante. La lupa no solo debe estar sobre el gobierno, sino también sobre quien ahora tiene la enorme responsabilidad de fiscalizarlo. Que su cercanía con Palacio Nacional no se traduzca en complicidad. Que su herencia de la gestión Colmenares sea un punto de partida para mejorar, no para repetir los errores. El mensaje es claro: bienvenido sea el perfil técnico, pero se le exigirá, con toda la fuerza de la ley, una gestión independiente, profunda y alejada de cualquier sospecha de sumisión. El dinero de los mexicanos no puede estar sujeto a lealtades personales.
