En el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", uno de los centros de salud pediátrica más importantes del país, se han tenido que suspender cirugías. La razón no es una huelga ni una falla técnica, sino la ausencia crónica de un elemento básico: los medicamentos. Esta escena, reportada por diversos medios nacionales y hecha saber a la Presidenta Sheinbaum por los médicos del hospital a través de una carta, se repite en hospitales y clínicas de todo el país, desmintiendo de manera dramática y dolorosa el discurso oficial que insiste en presentar el desabasto como un problema del pasado. Lejos de estar "superado", como afirmaba la administración anterior, se ha convertido en una herida abierta y estructural del sistema de salud mexicano, una herencia envenenada que la actual administración no ha podido –o no ha sabido– sanar.
El caso del Federico Gómez es emblemático porque no se trata de un hospital marginal, sino de un instituto nacional de referencia. Cuando aquí se suspenden intervenciones quirúrgicas por falta de insumos, es la señal más clara de que la falla es sistémica. Estamos hablando de niños con enfermedades crónicas, cáncer o que requieren procedimientos de alta especialidad, cuyo tratamiento se ve interrumpido o postergado indefinidamente. Cada cirugía cancelada no es solo un número en un reporte; es una vida en espera, una familia en angustia y un pronóstico médico que se puede complicar. Es la consecuencia humana de una falla logística y de planeación que lleva años incubándose.
El desabasto es una herencia que la presidenta Sheinbaum recibió y que su gobierno ha sido incapaz de revertir. El problema tiene raíces profundas y múltiples: la centralización extrema de las compras en el INSABI (ahora transformado en el IMSS-Bienestar), la falta de transparencia en los procesos de licitación, la dependencia de importaciones sin una estrategia de producción nacional y, según señalan varios reportes, una opaca red de intermediación que encarece y retrasa la distribución.
El discurso oficial de que el problema está "controlado" choca frontalmente con la realidad que viven diariamente médicos, enfermeras y, sobre todo, pacientes. En las farmacias de los hospitales, las listas de medicamentos faltantes son largas. Los familiares de los enfermos se ven obligados a una búsqueda agotadora y onerosa por farmacias privadas, cuando tienen la suerte de que el medicamento exista en el mercado y puedan costearlo. Para muchos, esta búsqueda se convierte en un calvario económico que los lleva a la ruina o, en el peor de los casos, a la resignación.
La insistencia en negar la magnitud de la crisis es, en sí misma, parte del problema. Al negarla, se posponen las soluciones de fondo. No se trata de un desabasto coyuntural que se resolverá con la siguiente importación; es un colapso crónico de la cadena de suministro que exige una reingeniería completa. Se requiere, urgentemente, descentralizar las compras para dar agilidad a los hospitales, y establecer un sistema de alertas tempranas que permita detectar y atender los faltantes antes de que se conviertan en una emergencia.
El costo de esta inacción se mide en vidas. Pacientes oncológicos que interrumpen su quimioterapia, personas con diabetes que no consiguen su insulina, hipertensos sin su tratamiento. El desabasto no es solo una incomodidad; es una sentencia de salud que se deteriora, es una puerta abierta a complicaciones evitables y, en situaciones críticas, es la causa directa de muertes que nunca aparecerán en un titular, pero que llenan de dolor a miles de hogares mexicanos.
La salud no puede ser un discurso. No puede manejarse con estadísticas maquilladas o con declaraciones triunfalistas que se desinflan al primer contacto con la realidad de un hospital. Exige honestidad, transparencia y, sobre todo, acciones contundentes. El gobierno actual tiene la responsabilidad y la oportunidad de romper con el legado de negligencia. Para ello, debe empezar por reconocer la verdadera dimensión del problema, escuchar a los médicos en lugar de silenciarlos, y trazar un plan de acción claro, con metas, fechas y recursos asignados.
El derecho a la salud, consagrado en la Constitución, se ha convertido en letra muerta para millones de mexicanos que dependen de un sistema público fracturado. Recuperarlo requiere más que buenas intenciones; exige voluntad política, capacidad técnica y un compromiso inquebrantable con la vida. Mientras en el Federico Gómez sigan suspendiendo cirugías, ninguna declaración oficial podrá tapar el sonido ensordecedor de un sistema de salud que clama por una solución verdadera.
