Los datos son fríos, contundentes y pintan un panorama desolador para millones de trabajadores en México. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la ocupación informal aumentó en 2 millones de personas en octubre 2025 en comparación a octubre 2024, mientras que el empleo formal disminuyó en casi medio millón. También, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informalidad a octubre 2025 alcanzó al 55.7% de la fuerza laboral. Paralelamente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que al menos el 65% de las empresas en el país opera en la informalidad. Esto no es sólo una estadística económica; es la realidad de más de la mitad de la población activa que carece de acceso a servicios de salud, ahorro para el retiro, créditos para vivienda y todas las prestaciones que marca la ley. Ante esta crisis, el gobierno tiene la obligación ineludible de redoblar esfuerzos y defender con determinación los derechos de estos trabajadores.
El problema es de una profundidad alarmante. Como señala el análisis del CEESP, esta informalidad masiva refleja una estructura laboral desequilibrada, donde una gran proporción de personas se inserta en actividades de baja productividad y, lo que es más grave, con escasa o nula protección social. El crecimiento económico se ve minado cuando la mayoría de los empleos generados no contribuyen a construir un sistema de bienestar sólido. La informalidad está indisolublemente ligada a la pobreza laboral, creando un ciclo del que es muy difícil salir sin una intervención decidida del Estado.
Frente a esto, las acciones aisladas, aunque bienintencionadas, resultan insuficientes. Recientemente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y el Infonavit anunciaron una medida para frenar una práctica lesiva particular: el dar de baja a trabajadores en diciembre para recontratarlos en enero, evitando el pago de prestaciones. Es significativo que, según datos oficiales, 142,398 personas fueron recontratadas por la misma empresa en enero de 2025 tras ser dadas de baja el mes anterior. Esta fiscalización es un paso en la dirección correcta y envía un mensaje a los empleadores que buscan eludir sus obligaciones. Sin embargo, es una batalla contra una sola táctica de evasión en un mar de informalidad.
Por ello, el gobierno debe escalar su estrategia de la corrección de abusos puntuales a la promoción estructural de la formalidad. El CEESP identifica dos causas centrales del problema: "la tolerancia de las autoridades" y "el costo de la formalidad". Esto señala el camino a seguir. Se requiere una política dual, más audaz y comprehensiva. Por un lado, es imperativo fortalecer la inspección laboral y aplicar la ley sin rodeos, haciendo que el costo de incumplir sea mayor que el de formalizarse. Los canales de denuncia, como el SIQAL de la STPS o los teléfonos de PROFEDET, deben ser ampliamente divulgados y su gestión, ágil y efectiva.
Por otro lado, y de manera simultánea, se debe trabajar en reducir las barreras que enfrentan las empresas, especialmente las micro y pequeñas, para operar dentro de la formalidad. Esto implica simplificar trámites, revisar la carga regulatoria y crear incentivos fiscales y de acceso a crédito que hagan atractivo y viable el paso a la economía formal. Como apunta Coparmex, la Mipyme es el motor económico del país, y su formalización es la clave para transformar el mercado laboral. Un "Estado de derecho con reglas claras", como menciona el CEESP, debe ser tanto un marco exigente como uno facilitador.
En conclusión, defender a los trabajadores sin prestaciones es un tema de justicia social y de visión de futuro para el país. No basta con campañas temporales o con detenerlos fraudes más visibles. Se necesita un compromiso sostenido, con recursos y voluntad política, para revertir la preocupante tendencia hacia la informalidad. El mejor programa social, como bien señala Coparmex, es un empleo formal. Es hora de que la defensa de los derechos laborales deje de ser una promesa en el papel y se convierta en una realidad tangible para los millones que hoy trabajan a la sombra de la ley, sin la protección que merecen y a la que tienen derecho.
