La esencia de una democracia funcional reside en la vigencia de contrapesos efectivos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue concebida como el órgano técnico fundamental para salvaguardar el erario, un faro de rendición de cuentas en medio de la complejidad gubernamental. Sin embargo, bajo el mando de David Colmenares Páramo, esta institución ha experimentado un debilitamiento sistemático, transformándose de garante en un ente omiso y, en el peor de los casos, cómplice por silencio. Su gestión de casi siete años es un compendio de negligencias, conflictos de interés y un incumplimiento flagrante de sus obligaciones legales, que no solo justifica, sino que exige imperiosamente, que no sea reelecto y que enfrente las consecuencias que la ley establece.
Las acusaciones contra Colmenares no son meras opiniones; son denuncias formales interpuestas por la máxima autoridad anticorrupción del país. Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, lo ha denunciado ante la Cámara de Diputados por incumplir sus obligaciones desde 2019, al dejar de participar en las reuniones del Comité Rector del sistema de fiscalización, cuyo funcionamiento es vital para la coordinación contra la corrupción. Un auditor que evade los espacios creados para combatir la deshonestidad es un auditor que renuncia a su razón de ser.
Este desdén por las funciones técnicas tiene consecuencias tangibles y devastadoras. Durante su gestión, la capacidad de la ASF para recuperar recursos públicos desviados se desplomó en un 81% en comparación con la administración anterior. Mientras México enfrentaba escándalos de corrupción multimillonaria, como el desfalco de más de 15,000 millones de pesos en Segalmex, la institución diseñada para detectar y perseguir estos delitos mostraba una parálisis inexplicable. Peor aún, hay señalamientos de que la ASF, bajo sus órdenes, manipuló auditorías y ocultó anomalías para "no incomodar" al gobierno en turno. Cuando el perro guardián elige no ladrar, el robo se perpetúa en silencio.
El historial de Colmenares lo pinta como un operador político, no como un técnico riguroso. Fue despedido de la misma ASF en 2013 por su "pobre desempeño" y "nula idea de fiscalizar". Su reingreso en 2018 estuvo marcado por nepotismo y pagos políticos, como el nombramiento de Heladio Ramírez Pineda, hijo de su mentor político, en un alto cargo. Un conflicto de interés insoslayable se cierne también sobre su gestión: su propio hermano trabajó en Segalmex mientras esta era auditada por la dependencia que él dirige. Esta colisión frontal con los principios más básicos de la auditoría es inaceptable.
La reelección de Colmenares sería un mensaje catastrófico: confirmaría que la impunidad también cubre a quienes deben combatirla. Sería legitimar la conversión de un órgano constitucional autónomo en una oficina de auditorías "cómodas" y favores políticos. México no puede permitirlo. El camino no es la renovación de su cargo, sino la aplicación estricta de la ley. La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados debe proceder con la investigación administrativa solicitada y, de encontrarse responsables, fincarle las responsabilidades que correspondan.
La lucha contra la corrupción no se gana con discursos, sino con instituciones fuertes e independientes. Exigir la no reelección de David Colmenares y que se le juzgue conforme a la ley, es el primer paso para rescatar a la ASF. Es un imperativo ético y democrático. La ciudadanía merece un auditor superior que tema al cargo, no un cargo que tema a su auditor. Es hora de cerrar este capítulo de opacidad y abrir uno de verdadera rendición de cuentas.
