La información sobre el envío de combustible a Cuba como ayuda humanitaria ha reabierto un debate necesario. Si bien los motivos históricos y de solidaridad pueden ser comprensibles, es urgente cuestionar la racionalidad de asumir compromisos internacionales cuando la empresa encargada de generarlos, Petróleos Mexicanos (Pemex), y la sociedad a la que debe servir, atraviesan una crisis profunda. La verdadera responsabilidad del Estado es priorizar el rescate de su principal activo estratégico y el bienestar de sus ciudadanos.
La discusión no puede darse en el vacío. Mientras se destinan recursos al exterior, Pemex, el pilar energético de la nación, lucha por su supervivencia financiera y su credibilidad. La empresa es la petrolera más endeudada del mundo, con una deuda que supera los 98,000 millones de dólares y una carga adicional de miles de millones con proveedores. Su situación es tan crítica que fondos internacionales de inversión, como el gigante noruego de pensiones, la han excluido de sus carteras debido a preocupaciones por corrupción y malas prácticas de gobierno corporativo.
Esta exclusión no es una anécdota; es una señal de alarma sobre la percepción global de la empresa. La corrupción no es un fantasma del pasado. Recientemente, acusaciones de Estados Unidos han revelado esquemas de sobornos a directivos de Pemex que se extendieron hasta el sexenio anterior, tumbando el discurso de que la corrupción había sido erradicada. Casos emblemáticos como los de Odebrecht, la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados y la red de "huachicoleo" han drenado miles de millones de dólares, dinero que hoy hace falta para invertir en exploración, modernización y pago de deuda.
Ante este panorama, cualquier recurso que genere o ahorre Pemex es vital. El plan presentado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca, precisamente, lograr la autonomía financiera de la empresa para 2027. Este objetivo ambicioso requiere de una disciplina férrea y de canalizar todos los esfuerzos y capital hacia la reestructuración de la deuda, el aumento de la producción y la eficiencia operativa.
Desviar recursos, aunque sea con la mejor intención humanitaria, representa una contradicción a esta estrategia de salvamento. Es paradójico que, al mismo tiempo que se anuncia un fondo de inversión de 250,000 millones de pesos para proyectos estratégicos de Pemex, existan flujos de ayuda al exterior que, simbólica o materialmente, restan a ese esfuerzo. La solidaridad internacional no puede ser un lujo que se costee con el futuro de la empresa que sostiene la soberanía energética del país.
Además, Pemex tiene un campo de acción humanitaria urgente dentro de México. Recientemente, la empresa desplegó unidades médicas móviles y entregó ayuda a miles de familias afectadas por las tormentas en Veracruz, Puebla e Hidalgo. Estas acciones, financiadas incluso por donaciones voluntarias de sus trabajadores, muestran dónde debe estar el foco principal de su responsabilidad social: en las comunidades mexicanas que más lo necesitan y que, al final, son las dueñas de la riqueza petrolera.
México tiene una larga y digna tradición de solidaridad internacional. Sin embargo, la verdadera soberanía y la auténtica responsabilidad comienzan por casa. En un momento en que Pemex está bajo el escrutinio de mercados internacionales, presionado por socios comerciales como Estados Unidos dentro del TMEC, y luchando contra demonios internos de corrupción e ineficiencia, la prioridad absoluta debe ser su rescate.
La ayuda humanitaria es un valor loable, pero no puede ofrecerse a costa de deteriorar la viabilidad de la empresa que sostiene las finanzas públicas y la economía nacional. Solo con un Pemex sano y fuerte México podrá, en el futuro, ser un actor generoso y estable en el escenario internacional, sin poner en riesgo su propio desarrollo.
