La administración de Donald Trump ha construido su política exterior e interna sobre una base de agresión y desprecio absoluto hacia todo aquello que no sea su propio interés. No respeta leyes, ni tratados internacionales, ni la dignidad humana. Pero quizás el rostro más atroz de esta indiferencia se ve en su ensañamiento contra las personas migrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos, y de manera particular, contra los niños. Bajo el argumento de una "campaña de deportación masiva", el gobierno de Trump ha convertido el sufrimiento infantil en una herramienta de disuasión.
Los números son escalofriantes. Según un análisis del Marshall Project, más de 6 mil 200 niños han sido encarcelados en centros de detención desde el inicio del segundo mandato de Trump. Esto representa un promedio diario de 226 menores, diez veces más que al final del gobierno de Joe Biden. Organizaciones como Brookings Institution calculan que más de 205 mil niños han sufrido la detención de al menos uno de sus padres, y al menos mil menores separados durante el primer mandato aún no han sido reunificados con sus familias.
Detrás de estas cifras hay vidas destruidas. El centro de detención de Dilley, Texas, operado por la empresa privada CoreCivic, se ha convertido en una jaula de desesperación. Periodistas han documentado cómo los niños pasan semanas, e incluso meses, violando el acuerdo Flores de 1997 que limita su detención a 20 días. Habiba Soliman, de 18 años, llevaba más de ocho meses encerrada junto a sus hermanos menores. Una niña de siete años, detenida en Dilley, preguntó a su madre: "Mamá, ¿qué crimen cometí para ser prisionera?". Su madre no supo qué responder.
La vida en estas jaulas es inhumana. Madres y niños reportan comida con gusanos y moho, atención médica prácticamente inexistente, y condiciones insalubres que han provocado brotes de sarampión y enfermedades respiratorias. Un adolescente de 13 años con autismo severo comenzó a autolesionarse y a mojar la cama, regresiones propias del trauma extremo. Médicos y psicólogos, citados por los reportes, advierten que estas prácticas constituyen tortura psicológica.
Trump y su asesor Stephen Miller han justificado estas acciones con un cinismo brutal. Esa es la lógica de un gobierno que agrede al mundo: hacer la vida tan insoportable para los vulnerables que no les quede más opción que huir. Pero la comunidad internacional, los profesionales de la salud y cualquier persona con un mínimo de humanidad no podemos olvidar a estos niños. No podemos normalizar el encarcelamiento de la infancia. La historia juzgará con dureza esta página de vil desprecio por la vida.