La línea entre los intereses públicos y privados de la familia Trump no solo se difumina durante la presidencia de Donald J. Trump; se borra por completo. Lo que estamos presenciando no es simplemente un presidente con un patrimonio considerable, sino la transformación sistemática de la Oficina Oval y la influencia geopolítica de Estados Unidos en un activo de marca para el enriquecimiento personal y familiar. El caso de los Trump establece un peligroso precedente: la instrumentalización del poder ejecutivo como palanca para negocios globales, generando conflictos de interés de una escala sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.
Las cifras hablan por sí solas. El patrimonio de Donald Trump se incrementó en aproximadamente 1,408 millones de dólares durante el primer año de su segundo mandato, una acumulación de riqueza que coincide temporalmente, de manera sospechosa, con su permanencia en el cargo más poderoso del mundo. Un reporte de Nasdaq confirma esta tendencia, detallando cómo su fortuna creció sustancialmente en los últimos años, muy por encima de la apreciación promedio de los mercados. ¿Simple coincidencia o el reflejo de una estrategia deliberada?
La estrategia es clara y global. La familia Trump ha utilizado el reconocimiento mundial del apellido, potenciado hasta la saciedad por la figura presidencial, para impulsar y monetizar proyectos en países donde los gobiernos o los magnates locales podían ver una ventaja en congraciarse con el poder estadounidense. No se trata de inversiones discretas, sino de una expansión agresiva de su franquicia inmobiliaria y de licencias.
El mapa de sus operaciones es revelador:
India: Proyectos de torres residenciales y comerciales en ciudades como Pune, Mumbai y Gurgaon, llevados a cabo con socios locales. La marca "Trump" se vende allí como sinónimo de lujo, un lujo asociado directamente al ahora presidente.
Indonesia: Planes ambiciosos para resorts y desarrollos urbanísticos, incluyendo un proyecto en Lido, Java Occidental. Estas iniciativas avanzan durante su presidencia, en una región de enorme importancia geopolítica.
Emiratos Árabes Unidos: Acuerdos de licencia para campos de golf y propiedades en Dubái, en asociación con DAMAC Properties. Un claro ejemplo de cómo la marca política se transa en el mercado inmobiliario de élite.
Escocia e Irlanda: Sus polémicos campos de golf (Turnberry y Doonbeg) se convirtieron en focos de atención y, a menudo, en escalas durante viajes oficiales o previos a ellos, canalizando gastos gubernamentales y atención diplomática hacia sus propiedades.
Turquía y Filipinas: También en estos países, socios comerciales se han llevado a cabo proyectos que llevan el nombre de Trump, beneficiándose del valor de la marca presidencial.
Cada viaje oficial a un país donde el clan tiene intereses genera una publicidad incalculable y, potencialmente, presiones sutiles sobre las administraciones locales. Cada reunión bilateral con un líder puede ser reinterpretada, en el ámbito comercial, como un endoso de facto. La política exterior y la diplomacia, elementos fundamentales de la seguridad nacional, quedan permanentemente bajo la sombra de la sospecha de estar contaminadas por cálculos económicos privados.
Este modus operandi va más allá de la ética cuestionable. Socava la credibilidad de la política exterior estadounidense, envía el mensaje de que el acceso al presidente puede comprarse mediante acuerdos comerciales con su familia, y desvía la atención de la gestión pública hacia la gestión de un patrimonio. El caso Trump evidencia un vacío legal y normativo alarmante: la ausencia de mecanismos efectivos para obligar a un presidente a desvincularse por completo de sus negocios, creando una puerta giratoria entre la Casa Blanca y la suite presidencial de un hotel que lleva su nombre.
En conclusión, la familia Trump no gobierna un país, administra una marca global cuyo valor se disparó gracias a la ocupación del cargo público más importante. Sus proyectos alrededor del mundo son la prueba tangible de que convirtieron la presidencia en un instrumento de marketing y negociación. El legado más perdurable y tóxico de este periodo puede no ser una ley concreta, sino la normalización de una idea profundamente corruptora: que el poder político es un activo más en el portafolio de un conglomerado familiar. Estados Unidos, y las democracias que observan, deben actuar para que este modelo de "gobierno-empresa" no encuentre imitadores en el futuro. La salud de un gobierno depende de que el servicio público no sea nunca más un negocio familiar.
