En las sombras de la economía mexicana, alejado de los reflectores que suelen apuntar hacia el narcotráfico, ha crecido silenciosamente un negocio que mueve decenas de miles de millones de pesos y que representa uno de los flujos de financiamiento más importantes para el crimen organizado: el mercado ilegal de cigarrillos. Según los datos de El Economista, estamos ante un fenómeno que ha escalado a niveles alarmantes, donde se estima que aproximadamente el 50% de los cigarrillos que se consumen en el país podrían ser ilegales. Esta cifra no es solo un indicador económico; es un termómetro que mide la temperatura de dos graves problemas nacionales: la asfixia fiscal y la incapacidad del Estado para controlar territorios y actividades ilícitas.
El crecimiento exponencial de este mercado negro no es espontáneo. Es la consecuencia directa y predecible de una política fiscal que, con la loable intención de desincentivar el tabaquismo, ha elevado los impuestos a niveles que, paradójicamente, están logrando el efecto contrario. En lugar de reducir el consumo, lo han desplazado de los canales legales a los ilegales, entregándole al crimen organizado un negocio que les da liquidez, de baja percepción de riesgo y altísima rentabilidad. Cada cajetilla que un ciudadano compra en la calle, en un puesto informal o a un precio sospechosamente bajo, no es un simple ahorro; es, aunque el comprador no lo sepa, un acto que fortalece las finanzas de grupos delictivos.
La ecuación perfecta para el crimen: Alta demanda y márgenes exorbitantes
Para entender la magnitud del problema, hay que analizar la ecuación económica que lo hace tan atractivo para el crimen organizado. Los impuestos especiales (IEPS) representan aproximadamente el 70% del precio final de una cajetilla legal. Esta carga fiscal crea una diferencia abismal entre el costo de producción y el precio de venta al público. Los grupos criminales, al evadir por completo estos impuestos y operar fuera de cualquier regulación, pueden ofrecer el mismo producto a menos de la mitad del precio, manteniendo aún márgenes de ganancia altísimos.
Como reporta El Economista, estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones de pesos anuales. Estas ganancias no van a parar a las arcas públicas para financiar hospitales o escuelas; se utilizan para comprar armas, pagar sicarios, corromper autoridades y diversificar otras actividades delictivas. El cigarrillo ilegal se ha convertido en la "caja chica" del crimen, un flujo de efectivo constante y menos perseguido que el tráfico de drogas, pero igual de dañino para la seguridad nacional.
Las múltiples caras de la ilegalidad: Contrabando, piratería y mercado informal
El término "cigarrillo ilegal" engloba tres modalidades principales que conviven y se fortalecen mutuamente. La primera es el contrabando, que introduce cajetillas de otros países, principalmente de Belice, Guatemala y Estados Unidos, donde los impuestos son significativamente menores. La segunda es la falsificación, donde se producen cajetillas pirata que imitan las marcas legales, muchas veces en fábricas clandestinas controladas por los mismos grupos criminales. La tercera, y quizás la más visible, es la venta en el mercado informal: puestos callejeros, pequeños comercios y hasta vendedores ambulantes que ofrecen cajetillas sueltas sin factura, evadiendo no solo el IEPS, sino también el IVA.
Esta diversificación le da una resiliencia extraordinaria al negocio. Si se dificulta el contrabando en una frontera, se incrementa la producción local pirata. Si se presiona a los pequeños comercios, surgen más vendedores ambulantes. La industria tabacalera legal, como han reportado diversos medios, ha alertado repetidamente sobre este fenómeno, pero sus voces parecen ahogarse en el dilema moral de defender sus intereses comerciales. El resultado es que el crimen ha encontrado en la logística de distribución del tabaco ilegal una infraestructura perfecta, que aprovecha las mismas rutas, corredores y métodos de corrupción que utiliza para otras actividades ilícitas.
El círculo vicioso: Más impuestos, más ilegalidad, menos recaudación
La lógica detrás de los constantes aumentos al impuesto al tabaco es, en teoría, sólida desde la perspectiva de salud pública: un precio más alto debería disuadir el consumo, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, la realidad mexicana ha demostrado que esta política, cuando se aplica de forma aislada y sin un combate efectivo al mercado ilegal, crea un círculo vicioso contraproducente.
Es un ciclo perverso donde todos pierden, excepto los criminales. El gobierno, lejos de recaudar más, ve cómo su base gravable se reduce. Las empresas legales enfrentan una competencia desleal e imposible de superar. Y la sociedad, en su búsqueda legítima de ahorrar, termina por financiar involuntariamente a las organizaciones que más daño le hacen.
Hacia una solución integral: Más allá de la política fiscal
La solución a este problema multifacético no puede ser únicamente fiscal. Se requiere una estrategia integral de seguridad y regulación. En primer lugar, es urgente que las autoridades reconozcan el tráfico de tabaco ilegal como una prioridad en la agenda de seguridad nacional, no como un delito menor. Esto implica destinar recursos de inteligencia para desmantelar las redes de distribución, atacar las fábricas clandestinas y perseguir el lavado de dinero proveniente de esta actividad.
En segundo lugar, se necesita una regulación más inteligente. Esto podría incluir la implementación de sistemas de trazabilidad y seguridad en los empaques que dificulten la falsificación, así como una revisión de la política de precios que busque un punto de equilibrio donde los impuestos cumplan su objetivo de salud pública sin hacer el negocio ilegal tan lucrativo.
Finalmente, es fundamental una campaña de concientización pública. El consumidor debe entender que al comprar un cigarro ilegal no está solo ahorrando unos pesos; está contribuyendo a un ecosistema criminal que secuestra comunidades, corrompe instituciones y siembra violencia. El verdadero costo de esa cajetilla barata es mucho más alto de lo que parece.
El mercado ilegal de cigarrillos es un síntoma de un México fracturado, donde la desmesura fiscal y la debilidad institucional se conjugan para abrirle la puerta al crimen. Combatirlo no es solo cuestión de recaudación o de salud pública; es, fundamentalmente, una batalla por la seguridad y el Estado de Derecho. Cada cajetilla ilegal que se vende es un recordatorio de que, a veces, las mejores intenciones de política pública, cuando se aplican sin una comprensión profunda de la realidad, pueden terminar fortaleciendo a los mismos monstruos que se pretende combatir.
