Cuando México, Estados Unidos y Canadá unieron fuerzas para albergar la Copa Mundial de 2026, se esperaba que los beneficios y las cargas se distribuyeran de manera equilibrada. Sin embargo, la realidad revela una asimetría preocupante: México es el único país que otorgó a la FIFA una exención fiscal total y nacional, mientras sus socios norteamericanos negociaron acuerdos limitados o condicionados. Esta decisión, arraigada en un contrato firmado en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ratificada recientemente, no solo expone una negociación desigual, sino que plantea serias dudas sobre los costos y beneficios reales para el país.
La exención, incorporada en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, libera de impuestos a la FIFA y a todas las empresas que participen en la organización del Mundial, desde televisoras hasta hoteles. En contraste, Estados Unidos y Canadá manejaron negociaciones más cautelosas:
Estados Unidos logró acuerdos ciudad por ciudad, donde algunas sedes como Santa Clara, California, incluso se negaron a subsidiar impuestos. Canadá otorgó beneficios aduaneros limitados, similares a los de la Copa Femenina 2015, pero sin una exención general.
Estas diferencias destacan una disparidad en la capacidad negociadora. México, al carecer de la infraestructura de sus socios, tuvo que ofrecer "más para traer el paquete". Pero ¿justifica esto un cheque en blanco fiscal?
La exención se aprueba en un momento delicado: el gobierno mexicano promueve una mayor recaudación fiscal para sostener programas sociales, y la economía enfrenta presiones. Además, el contrato original de 2015—firmado tres años antes de que se asignara el Mundial—refleja una negociación apresurada, donde México aceptó todas las "garantías gubernamentales" de la FIFA.
Aunque defensores argumentan que el evento atraerá a 5 millones de visitantes y una derrama económica significativa, expertos advierten que fiscalizar a tantos proveedores internacionales sería complejo y costoso. No obstante, esto no elimina el hecho de que México renuncia a ingresos potenciales que podrían invertirse en educación, salud o infraestructura.
Tras los escándalos del FIFAGate (supuestos sobornos para que Qatar fuera sede), la FIFA implementó reformas estrictas para 2026, incluyendo evaluaciones de derechos humanos, sostenibilidad y transparencia. México cumplió con estos requisitos, presentando compromisos detallados en sus tres sedes. Sin embargo, la organización no aplicó el mismo rigor en lo fiscal: mientras exigía transparencia en derechos humanos, aprovechó la posición negociadora débil de México para obtener privilegios económicos excepcionales.
Ciudades como Toronto y Santa Clara demostraron que es posible proteger los intereses locales frente a la FIFA. En México, en cambio, la exención fue concedida sin un debate público amplio, evitando modificaciones legales inmediatas.
Conclusión: Un Precio Demasiado Alto
La exención fiscal total no es solo una concesión económica; es un síntoma de un acuerdo leonino donde México asume riesgos desproporcionados. Mientras Estados Unidos y Canadá protegieron sus arcas públicas, México optó por una estrategia cortoplacista que prioriza el prestigio deportivo sobre el interés nacional.
El Mundial 2026 podría dejar una estela de estadios llenos y entusiasmo efímero, pero también una lección dura: en la mesa de negociaciones globales, la firmeza es tan crucial como el fútbol. México merecía un trato justo, no un cheque en blanco que pagarán sus ciudadanos.
