Con frecuencia, la discapacidad es percibida como una característica individual, un diagnóstico médico que define y limita a una persona. Sin embargo, al analizar las reflexiones de instituciones como el ISSSTE, la UNAM y los estándares interamericanos de derechos humanos, se evidencia una verdad más profunda y transformadora: la discapacidad es, en gran medida, el resultado de la interacción entre las personas con condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales diversas y las barreras actitudinales y físicas que erige la sociedad. Este entendimiento no es semántico; es el punto de partida para una revolución inclusiva pendiente en México.
El documento “Hablemos de discapacidad” del ISSSTE enfatiza correctamente la necesidad de cambiar el lenguaje y la percepción, moviéndonos de un modelo médico-rehabilitador a uno social y de derechos humanos. Ya no se trata de “arreglar” a la persona para que se adapte a un mundo inhóspito, sino de modificar el entorno (físico, social, laboral, educativo) para que todos tengan cabida. Este paradigma, sin embargo, choca con una cruda realidad estadística y cotidiana. Como señala la UNAM, en México hay aproximadamente 6 millones de personas con discapacidad, muchas de ellas enfrentando exclusión educativa y laboral. La pobreza y la falta de acceso a servicios de salud especializados agravan su situación, creando un círculo vicioso de marginación.
Aquí es donde el marco internacional, brillantemente sintetizado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se vuelve no una guía lejana, sino un mandato urgente. La Corte ha sido clara, los Estados tienen la obligación positiva de adoptar medidas para eliminar obstáculos y garantizar la plena participación e igualdad. Esto va más allá de rampas ocasionales. Implica ajustes razonables en todas las esferas: desde asegurar que un estudiante ciego tenga sus materiales en braille o formato digital a tiempo, hasta que una persona con discapacidad psicosocial tenga garantías de no ser discriminada en un proceso de contratación. La CIDH subraya el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, conceptos que destrozan los antiguos modelos de institucionalización y segregación.
Por tanto, la tarea para México es doble y debe ejecutarse de manera simultánea. Primero, una transformación cultural profunda. Debemos erradicar la lástima y el paternalismo, sustituyéndolos por el respeto a la autonomía y el reconocimiento del valor de la neurodiversidad y las diferentes formas de habitar el cuerpo. Las campañas de concientización, como las que promueve el ISSSTE, son vitales, pero deben permear a familias, escuelas, medios de comunicación y, especialmente, a los servidores públicos en todos los niveles.
Segundo, necesitamos políticas públicas con enfoque de diseño universal y presupuesto garantizado. La accesibilidad no es un añadido, debe ser el principio rector del diseño urbano, del transporte público, de los portales de internet gubernamentales y de los programas sociales. La legislación mexicana, aunque avanzada en el papel, requiere de una implementación rigurosa y mecanismos efectivos de exigibilidad. La procuración y administración de justicia, como indica la CIDH, deben ser plenamente accesibles, reconociendo la capacidad jurídica de todas las personas en igualdad de condiciones.
En conclusión, la discapacidad es una situación que nos compete a todos porque revela la calidad de nuestro contrato social. Una sociedad que excluye a una porción significativa de su población por no ajustarse a un estándar ficticio de “normalidad” es una sociedad mutilada. Construir un México inclusivo exige pasar de la empatía pasiva a la acción concreta, del discurso a la garantía tangible de derechos. Solo así podremos decir que todos, sin excepción, pertenecemos.
