Las imágenes son desgarradoras: calles convertidas en ríos, casas sumergidas hasta el techo, familias evacuando con lo puesto mientras las aguas del Río Cazones arrasan con todo a su paso. Poza Rica, la ciudad petrolera que durante décadas fue símbolo de prosperidad en Veracruz, amaneció este jueves convertida en una tragedia, con el agua como dueña y señora de sus calles. Los reportes de medios que han cubierto los hechos, coinciden en el relato de una catástrofe que, si bien fue detonada por las intensas lluvias, tiene profundas raíces en errores humanos, negligencia institucional y un modelo de desarrollo que ha ignorado sistemáticamente los riesgos ambientales.
Lo primero que debe quedar claro es que estas inundaciones no siempre son un fenómenos impredecibles. El Río Cazones ha desbordado su cauce en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, y la memoria colectiva de Poza Rica guarda registro de anteriores hechos similares. La particularidad de esta ocasión, es la magnitud: calles completamente inundadas, colonias enteras incomunicadas, y cientos de familias que lo han perdido todo. La pregunta obligada es: si sabíamos que esto podía ocurrir, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlo?
La respuesta nos lleva al corazón de un problema estructural que afecta a gran parte de México: la falta de planeación urbana sustentable y el crecimiento desordenado de las ciudades. Poza Rica, como muchas otras urbes mexicanas, se expandió sin considerar los ciclos naturales de sus ríos y sin respetar las zonas de amortiguamiento fluvial. Se construyeron viviendas en terrenos que naturalmente funcionan como vasos reguladores durante la temporada de lluvias, se redujeron áreas de infiltración con pavimento, y se subestimó sistemáticamente la fuerza de la naturaleza.
El diario Universal en una de sus notas, describe con crudeza el escenario: una ciudad que "amaneció bajo el agua", con servicios esenciales colapsados y una población que mira con impotencia cómo la corriente se lleva sus pertenencias. Pero detrás de esta imagen inmediata hay una historia de omisiones acumuladas: permisos de construcción otorgados en zonas de riesgo, programas de mantenimiento de cauces postergados, sistemas de drenaje insuficientes para eventos extremos, y una cultura de la remediación en lugar de la prevención.
Las evacuaciones en Tuxpan y Poza Rica, si bien son una medida necesaria y probablemente salvadora de vidas, llegan cuando el desastre ya es inminente. Representan el fracaso de la prevención y nos obligan a reflexionar sobre nuestro modelo de gestión de riesgos. En México, todavía operamos bajo la lógica del "desastre-reacción-reconstrucción", en lugar de adoptar el esquema de "prevención-preparación-mitigación" que caracteriza a los países que han aprendido a convivir inteligentemente con los fenómenos naturales.
El cambio climático añade una capa adicional de urgencia a este problema. Los eventos meteorológicos extremos -lluvias más intensas en períodos más cortos- serán cada vez más frecuentes. Lo que antes eran "lluvias atípicas" se están convirtiendo en la nueva normalidad. Las instituciones de protección civil, los sistemas de alerta temprana y la infraestructura hidráulica de nuestras ciudades deben evolucionar para enfrentar esta realidad. No se trata de si habrá otra inundación, sino de cuándo ocurrirá y qué tan preparados estaremos.
La tragedia en Veracruz también revela las profundas desigualdades que caracterizan la vulnerabilidad ante los desastres. Como en casi todas las catástrofes naturales, los más afectados son siempre los más pobres. Son quienes viven en las zonas más riesgosas porque no pueden pagar un terreno seguro, quienes tienen viviendas más frágiles que no resisten la embestida del agua, y quienes carecen de ahorros o seguros para recuperarse después del desastre. La justicia ambiental exige que las políticas de prevención y reconstrucción prioricen a estos sectores históricamente vulnerables.
Más allá de la necesaria y urgente ayuda humanitaria -albergues, comida, medicamentos- que ahora requiere la población afectada, esta tragedia debe servir como un punto de inflexión. Necesitamos, como sociedad, exigir a nuestros gobernantes que:
Primero, implementen programas serios de ordenamiento territorial que respeten las zonas de riesgo hidrometeorológico y prohíban terminantemente la construcción en áreas inundables.
Segundo, inviertan en infraestructura verde y gris para la gestión del agua: sistemas de drenaje pluvial de mayor capacidad, plantas de tratamiento, recuperación de cauces naturales y creación de áreas de retención.
Tercero, fortalezcan los sistemas de alerta temprana con tecnología moderna y protocolos claros de actuación que permitan evacuaciones preventivas, no reactivas.
Cuarto, desarrollen programas de reubicación gradual y bien planeada para las familias que actualmente viven en zonas de alto riesgo.
Y quinto, promuevan una cultura de la prevención desde las escuelas, enseñando a las nuevas generaciones a entender y respetar los ciclos naturales.
Las imágenes de Veracruz bajo el agua son dolorosas, pero no deberían sorprendernos. Son el resultado previsible de décadas de mala planeación, corrupción en la expedición de permisos de construcción y una relación disfuncional con nuestro territorio. La naturaleza nos está pasando factura. O aprendemos la lección y construimos ciudades más resilientes y humanas, o nos prepararemos para ver estas mismas imágenes, en Poza Rica, Tuxpan o en cualquier otra ciudad mexicana, una y otra vez. El agua siempre encuentra su camino, y si no le abrimos paso con inteligencia, lo abrirá por la fuerza, con el costo humano que hoy lamentamos.
