En los últimos días, los mexicanos han sido testigos de un ejercicio de comunicación gubernamental que parece desarrollarse en dos universos paralelos. Por un lado, una realidad documentada en fallos de licitación: el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) fracasó en adjudicar mil 26 claves de medicamentos e insumos médicos esenciales en una compra consolidada, logrando solo el 50.5% de lo planeado. Por el otro, el relato oficial de la Secretaría de Salud, que califica este mismo hecho como una exitosa "compra complementaria preventiva" que no amenaza el abasto. Esta discrepancia no es un mero tecnicismo; es el síntoma de un problema sistémico que pone en riesgo la salud pública y erosiona la confianza en las instituciones.
El fracaso de Birmex no es un incidente aislado. Los reportes periodísticos lo vinculan directamente con una suspensión previa en marzo de 2025 por posibles indicios de corrupción y un sobrecosto estimado en 13 mil millones de pesos. Este historial transforma el reciente contratiempo de una simple ineficiencia administrativa en una señal de alarma sobre la transparencia y la gobernanza en una paraestatal crítica. Entre los productos que quedaron sin adquirir se encuentran desde analgésicos de uso común como paracetamol e ibuprofeno hasta materiales vitales como antisépticos, sondas y equipos de anestesia. Minimizar esta omisión como irrelevante es ignorar que son estos mismos insumos los que día a día sostienen la operación de hospitales y clínicas.
Frente a esta cruda realidad, la respuesta oficial ha sido construir un argumento paralelo basado en volumen y cobertura general. La Secretaría de Salud asegura que el suministro está garantizado hasta finales de 2026 gracias a contratos vigentes por 4 mil 652 millones de piezas, cubriendo más de 3 mil tipos de medicamentos, y que la compra fallida de Birmex representa solo un 4% adicional. Este discurso, aunque técnicamente pueda ser cierto en términos agregados, es peligrosamente tranquilizador. La salud pública no se gestiona con promedios nacionales, sino con la disponibilidad específica de cada medicamento en cada centro de salud. La ausencia de una sola "clave" —un antibiótico específico, un quimioterápico— puede detener un tratamiento, complicar una cirugía o poner en riesgo una vida. La estrategia comunicativa del gobierno, al centrarse en los grandes números, invisibiliza deliberadamente estos riesgos concretos y localizados que ya enfrentan los profesionales de la salud.
Más preocupante aún son las sombras que se ciernen sobre el proceso. Los mismos medios que documentaron el fracaso también señalaron adjudicaciones a empresas como Medikamenta S.A. de C.V., ligada a un consejero del partido en el poder, por montos que superan los 19 millones de pesos en contratos anteriores. Este patrón genera una pregunta incómoda pero inevitable: ¿el fracaso en adquirir medicamentos esenciales a precio justo y el aparente éxito en asignar contratos a empresas con conexiones políticas son dos caras de la misma moneda? La insistencia oficial en la "transparencia" suena hueca cuando no se abordan estas preocupaciones de fondo con datos claros y auditorías independientes.
La conclusión es clara. Estamos ante una crisis de gestión que está siendo maquillada con un discurso de normalidad. El verdadero problema no es si el desabasto nacional es inminente; el problema es que un organismo creado precisamente para optimizar y garantizar las compras ha demostrado ser disfuncional y opaco. El daño ya está hecho: se ha perdido una oportunidad clave para consolidar compras a mejor precio, se han dejado desiertas licitaciones para productos básicos y se ha sembrado la duda sobre el uso de los recursos públicos.
El derecho a la salud, consagrado en la Constitución, no se defiende solo con comunicados que aseguran que "todo está bien". Se defiende con una adquisición efectiva, transparente y oportuna de cada medicamento necesario. La ciudadanía, y en especial los pacientes que dependen del sistema público, merecen más que un juego de cifras y palabras. Merecen una explicación honesta de por qué falló este mecanismo y un plan de acción creíble, con rendición de cuentas, para que no se repita. La salud no puede ser la víctima del próximo "fracaso complementario" del gobierno.
