El estallido del caso Plus Ultra ha dejado de ser una curiosidad política para convertirse en un terremoto judicial que sacude los cimientos de la democracia española. Por primera vez, un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá declarar como imputado. El juez José Luis Calama no solo le señala como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias, sino que el auto revela el preocupante alcance del dinero del chavismo en el corazón de Europa y su conexión con el rescate de una aerolínea.
El entramado no es local, sino internacional. Según la investigación, Francia y Suiza desempeñan un papel clave. Fueron precisamente las solicitudes de cooperación judicial de estos dos países las que reactivaron el caso en 2024, al alertar sobre una organización criminal dedicada al lavado de dinero. El objetivo oculto del rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra habría sido, según los indicios, alimentar una trama para blanquear capitales provenientes de Venezuela. No se trata de un señalamiento menor: el auto menciona operaciones con oro del Banco de Venezuela y fondos vinculados a los CLAP, el programa oficial de alimentación que, según múltiples denuncias, se convirtió en un gigantesco mecanismo de corrupción y lucro con la comida de los más pobres. El dinero destinado a salvar una aerolínea en plena pandemia habría servido, en realidad, como un vehículo para mover y ocultar dinero sucio del chavismo en Europa.
La afectación a la familia de Rodríguez Zapatero es directa y demoledora. El juez ha ordenado el bloqueo de sus cuentas por 490,780 euros, al considerar que él y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa". Pero el alcance es mayor: su esposa, Sonsoles Espinosa, comparte una cuenta que recibió 1,5 millones de euros de empresas señaladas en la trama. Y sus hijas, a través de su sociedad "What The Fav", recibieron 239,755 euros. No es solo el patrimonio del exmandatario el que está bajo lupa, sino el de todo su núcleo familiar. Los registros policiales en su despacho de la calle Ferraz, donde se halló una caja fuerte con dinero en efectivo, y en las empresas de sus hijas, reflejan la crudeza de una investigación que no deja títere con cabeza.
Las conexiones con el chavismo son el hilo conductor. Plus Ultra comenzó a operar en Venezuela en 2017, cuando todas las aerolíneas huían de la crisis, y fue recibida con bombo y platillo por la entonces ministra de Turismo, esposa del número dos del régimen. Durante la pandemia, la aerolínea logró permisos especiales del gobierno de Maduro para fletar vuelos de repatriación. Ahora se investiga si esos lazos no eran solo comerciales, sino parte de una ingeniería financiera para dar apariencia de legalidad a fondos mal habidos.
Lo que está en juego va más allá de la responsabilidad de un expresidente. El caso destapa cómo el dinero del chavismo encontró en España y en países como Francia y Suiza un ecosistema perfecto para blanquearse, aprovechando rescates públicos y redes de influencia. Mientras el PSOE defiende la presunción de inocencia de Zapatero, el juez Calama ha pedido ya información a Estados Unidos y cuenta con la cooperación de los fiscales europeos. El cerco se cierra no solo sobre una familia, sino sobre todo un entramado que habría utilizado la necesidad de una aerolínea y el hambre de los venezolanos para seguir moviendo dinero opaco.
