La reciente revelación de que el expresidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, permitiendo a la agencia realizar acciones que tradicionalmente requerirían una notificación al Congreso, representa más que una escalada contra el régimen de Maduro. Es un parteaguas en la política exterior estadounidense que establece un peligroso precedente para toda América Latina, incluido México, y plantea profundas interrogantes sobre la soberanía, la estabilidad regional y los límites del intervencionismo en el siglo XXI.
Según los reportes de medios internacionales como CNN y la BBC , las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en los últimos meses de su mandato otorgaron a la CIA una libertad inusual para operar en Venezuela, con el objetivo declarado de desestabilizar al gobierno y potencialmente capturar o eliminar objetivos de alto valor. Este movimiento, que algunos analistas describen como una "licencia para cazar", marca un retorno a las operaciones encubiertas de la Guerra Fría, pero en un contexto geopolítico radicalmente distinto. La justificación es la lucha contra un "régimen narcoterrorista", una etiqueta que Washington ha aplicado a Maduro y su círculo íntimo.
Sin embargo, la estrategia es profundamente riesgosa. Al actuar de manera unilateral y encubierta, Estados Unidos no solo ignora los mecanismos diplomáticos multilaterales, sino que siembra un precedente de intervención extrema que podría aplicarse a otros países de la región en el futuro. La pregunta que debe hacerse México es incómoda pero necesaria: ¿qué sucedería si en un futuro el gobierno de Trump decidiera aplicar la misma lógica a nuestro país, basándose en la narrativa de que los cárteles mexicanos representan una amenaza similar a la seguridad nacional estadounidense?
La línea entre un "régimen narcoterrorista" y organizaciones criminales transnacionales que operan con impunidad en vastos territorios de México es delgada en la retórica política estadounidense. La lógica que justifica operaciones encubiertas en Venezuela por el supuesto vínculo entre el gobierno y el narcotráfico podría, en un escenario de crisis, extenderse para justificar la intervención directa de agencias como la CIA en territorio mexicano, argumentando que el Estado mexicano ha perdido el control efectivo sobre partes de su territorio. Y con el antecedente reciente de la revocación de la visa a 50 políticos mexicanos por sus probables nexos criminales, las alarmas están encendidas en la cúpula del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Este escenario no es pura especulación. La creciente frustración en algunos círculos de Washington con la estrategia de seguridad mexicana es palpable. Las recurrentes amenazas de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, los llamados de algunos legisladores a una intervención militar más directa, y ahora este precedente en Venezuela, crean un cóctel preocupante. La autorización a la CIA para operar en Venezuela normaliza la idea de que Estados Unidos puede saltarse la soberanía de un país cuando lo considere necesario para sus intereses de seguridad nacional.
Para México, esta situación representa un dilema estratégico de primer orden. Por un lado, el gobierno ha mantenido una política de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos, principio que quedaría gravemente vulnerado si guardara silencio ante lo ocurrido en Venezuela. Por otro lado, una condena abierta podría tensar aún más la ya compleja relación con Estados Unidos, especialmente en un momento donde la cooperación en seguridad, aunque criticable, sigue siendo esencial.
La postura mexicana debería ser firme y clara. Debe rechazar cualquier forma de intervencionismo encubierto o directo que viole la soberanía de los estados, al tiempo que redobla sus esfuerzos para demostrar que realmente tiene el control de su territorio y que es capaz de enfrentar a las organizaciones criminales con sus propias instituciones. La mejor defensa contra una potencial aplicación de la "estrategia Venezuela" a México es fortalecer el Estado de derecho y la efectividad de las políticas de seguridad interna.
La lección para México es doble. En el corto plazo, debe alertar sobre el peligro que este precedente representa para la estabilidad regional y abogar por soluciones diplomáticas y multilaterales a las crisis. En el largo plazo, debe entender que nuestra soberanía dependerá cada vez más de su capacidad para resolver sus problemas de seguridad interna. Un México fuerte, con instituciones sólidas y control efectivo de su territorio, es la mejor garantía contra cualquier tentación intervencionista.
La autorización de Trump a la CIA en Venezuela no es solo un asunto venezolano. Es un mensaje para toda la región sobre los nuevos límites, o la falta de ellos, de la política exterior estadounidense. México, por su proximidad e interdependencia con Estados Unidos, no puede darse el lujo de ignorar las implicaciones de este peligroso nuevo capítulo en las relaciones hemisféricas. La soberanía nacional no se defiende solo con discursos, sino con acciones contundentes que demuestren que no hay vacíos de poder que justifiquen intervenciones foráneas.
