La posible salida de Samsung de México por un litigio fiscal millonario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es mucho más que un conflicto entre una empresa y el fisco. Es una campana de alarma que debería sacudir los cimientos de la política económica del país, pues revela una peligrosa tendencia donde la seguridad jurídica y la certeza para invertir parecen estar en entredicho.
El conflicto central, como reportan medios como gira en torno a un supuesto cobro doble de IVA por operaciones entre Samsung y sus distribuidores. La empresa alega que está siendo obligada a pagar dos veces el mismo impuesto, una situación que califica no solo como injusta, sino como potencialmente letal para sus operaciones en el país. El hecho de que una empresa de esta magnitud – un gigante global que ha sido un actor clave en la manufactura mexicana por décadas – contemple abiertamente la posibilidad de irse, es un testimonio devastador de la gravedad del problema.
Este caso trasciende por completo a Samsung. Es el síntoma de una enfermedad mayor: la tentación del gobierno de ver al sector empresarial no como un aliado para el desarrollo, sino como una vaca lechera a la que se puede ordeñar sin límites. Diversos medios, como el CEO, reportan que varias empresas están en situaciones similares, queda claro que no es un caso aislado, sino parte de un patrón de hostilidad fiscal que está erosionando la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
El argumento de que se trata de hacer que "los grandes paguen lo justo" se desmorona cuando la disputa es sobre un cobro doble. No es evasión, es duplicidad. Esta práctica, de generalizarse, crea un ambiente de pesadilla para cualquier negocio: ¿cómo se puede operar con certeza si existe el riesgo de que el fisco decida años después que debes pagar dos veces por lo mismo?
El costo potencial para México es astronómico. No se trata solo de los miles de empleos directos que Samsung genera, sino de toda la cadena de valor que depende de ella – desde proveedores hasta transportistas y servicios locales. Es la credibilidad del país como destino de inversión lo que está en juego. ¿Qué empresa extranjera consideraría seriamente establecerse en México sabiendo que podría enfrentarse a este tipo de disputas arbitrarias?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene ahora en sus manos una decisión de enorme trascendencia. Su fallo no solo resolverá el caso específico de Samsung, sino que enviará un mensaje contundente sobre el tipo de país que México aspira a ser. Un fallo a favor del SAT legitimaría las prácticas más agresivas de la autoridad fiscal y probablemente aceleraría la salida de otras empresas en situaciones similares. Un fallo a favor de la empresa, en cambio, sería un recordatorio urgente de que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica son pilares no negociables para el desarrollo.
El gobierno enfrenta una disyuntiva clara: puede obtener una victoria fiscal de corto plazo, un botín millonario que le ayudará a tapar hoyos en sus finanzas, a cambio de ahuyentar las inversiones que garantizan el crecimiento y el empleo del futuro. O puede entender que una relación constructiva con el sector privado, basada en reglas claras y trato justo, es el único camino sostenible para generar la riqueza que tanto necesita el país.
La advertencia de Samsung no debe ser minimizada. Es la señal que anuncia un aire tóxico para los negocios. Ignorarla sería un lujo que México, en su situación económica actual, no puede permitirse. La salida de un gigante como este no sería un fracaso empresarial; sería un fracaso de Estado.
